Cultura del consumo rápido: Obsolescencia programada
La obsolescencia programada puede aumentar la huella de carbono al fomentar una cultura de consumo rápido y la producción constante de nuevos productos, lo que intensifica el impacto ambiental en todas las fases del ciclo de vida de un producto.
La obsolescencia programada se refiere a la práctica de diseñar productos con una vida útil limitada o de reducir intencionalmente su funcionalidad con el fin de incentivar la compra de nuevos modelos. Esto puede manifestarse de diversas formas, como la limitación de actualizaciones, la dificultad de reparación o la introducción de componentes que fallan después de un período específico.
La consecuencia directa de la obsolescencia programada es el aumento de residuos electrónicos y al agotamiento de recursos naturales de manera significativa. La fabricación y disposición de productos electrónicos generan una gran cantidad de emisiones de carbono, y cuando los productos son desechados prematuramente, se incrementa su huella.
La obsolescencia programada repercute de varias maneras en la huella de carbono a lo largo del ciclo de vida de un producto. Veamos algunas de las formas en la que lo hace.
PRODUCCIÓN
La fabricación de productos conlleva la extracción de materias primas, la producción de componentes y de ensamblaje. Si los productos tienen una vida útil corta debido a la obsolescencia programada, la frecuente necesidad de fabricar nuevos productos aumenta la demanda de recursos naturales y la energía necesaria para la producción, lo que se traduce en mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
TRANSPORTE
El transporte de productos desde los lugares de fabricación hasta los consumidores también contribuye a la huella de carbono. La obsolescencia programada puede aumentar la frecuencia de transporte debido a la necesidad constante de reemplazo de productos. Más productos transportados más frecuentemente generan mayores emisiones asociadas al transporte, como las provenientes del uso de combustibles fósiles en camiones, barcos o aviones.
USO Y CONSUMO DE ENERGÍA
La obsolescencia programada puede resultar en la sustitución de productos que aún funcionan, lo que lleva al uso innecesario de energía, aumentando la huella de carbono. Los productos más nuevos y eficientes desde el punto de vista energético pueden no compensar completamente el impacto ambiental de la producción y el transporte asociados con el nuevo producto.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Otro de los efectos es la disposición prematura de productos que aún podrían haber sido utilizados. Esto contribuye al aumento de residuos electrónicos, que a menudo contienen materiales tóxicos y son difíciles de reciclar correctamente. La gestión de residuos, especialmente de productos electrónicos, conlleva su propia huella de carbono debido a los procesos de reciclaje o eliminación. Además, la acumulación de residuos electrónicos sin tratar puede liberar sustancias químicas perjudiciales en el medio ambiente.
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
La obsolescencia programada impulsa la demanda constante de nuevos productos, aumentando así la presión sobre los recursos naturales. La extracción continua de recursos para satisfacer esta demanda contribuye al agotamiento de los mismos. Su extracción está asociada con emisiones de carbono debido a la maquinaria y los procesos involucrados.
La promoción de la durabilidad, la reparabilidad y la conciencia del consumidor sobre las prácticas de obsolescencia son clave para abordar estos desafíos. Actualmente no hay un marco legal unificado que aborde específicamente la obsolescencia programada.
La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta de normas comunes que respaldan la reparación de productos. Esta medida no solo beneficiará a los consumidores al ahorrarles dinero, sino que también se alinea con los objetivos del Pacto Verde Europeo al reducir la generación de residuos. La propuesta establece un novedoso "derecho a la reparación" para los consumidores, aplicable tanto durante como después del período de garantía legal.
Durante el período de garantía legal, los vendedores tendrán la obligación de proporcionar servicios de reparación, a menos que el costo de la reparación sea superior al de reemplazar el producto.
Después de que haya expirado la garantía legal, los consumidores tendrán a su disposición un conjunto adicional de derechos e instrumentos para facilitar y hacer más accesible la opción de "reparación":
- El derecho de los consumidores a reclamar a los productores la reparación de productos que sean técnicamente reparables con arreglo al Derecho de la UE, por ejemplo, una lavadora o un televisor. Esto asegurará que los consumidores tengan a alguien a quien recurrir cuando opten por reparar sus productos, y alentará a los productores a desarrollar modelos comerciales más sostenibles.
- La obligación de los productores de informar a los consumidores sobre los productos que estén obligados a reparar ellos mismos.
- Se establecerá una plataforma de reparación en línea que conectará a los consumidores con talleres de reparación y vendedores que ofrecen productos renovados en su área. Esta plataforma permitirá búsquedas basadas en la ubicación y estándares de calidad, facilitando a los consumidores encontrar ofertas atractivas y aumentando la visibilidad de los talleres de reparación.
- Un formulario europeo de información sobre reparación que los consumidores podrán solicitar a cualquier taller de reparación, que aportará transparencia sobre las condiciones y el precio de la reparación, y facilitará a los consumidores la comparación de las ofertas de reparación.
- Se desarrollará un estándar de calidad europeo para los servicios de reparación, con el objetivo de ayudar a los consumidores a identificar talleres de reparación que se comprometan a brindar servicios de alta calidad. Este estándar de "reparación fácil" estará disponible para todos los talleres de reparación en la Unión Europea que deseen comprometerse con estándares mínimos de calidad, como duración del servicio o disponibilidad de productos.
La propuesta de la Comisión la tendrán que adoptar el Parlamento Europeo y el Consejo.